El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha firmado junto al titular de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Norte, Sotero Martín Barrero, un convenio plurianual que recoge la colaboración financiera de la Institución Provincial con 9 Ayuntamientos de esta entidad para facilitar el servicio de recogida, eliminación y tratamiento de los residuos sólidos de la zona.

El mandatario provincial ha destacado que con este acuerdo 'damos respuesta a una reivindicación histórica de la comarca ya que la gestión integral de los residuos se complica para municipios ubicados en el corazón del Parque Natural, un parque que es reserva de la biosfera, y cuya conservación hace que estas localidades no puedan tener una planta de tratamiento dentro de la comarca'.

Se trata de municipios que se ven obligados a llevar sus residuos a la planta de transferencia de Constantina, desde ahí, a la de reciclaje y compostaje de La Vega, ubicada en Alcalá del Río, a 70 kilómetros de Constantina; sólo los residuos de El Real de la Jara y Almadén de la Plata, debide a su lejanía de Constantina, se llevan directamente a La Vega de la que distan 60 kilómetros.

'Son circunstancias que encarecen el servicio – ha explicado Villalobos- sobre todo para municipios de menos de 5.000 habitantes, que cuentan con menos recursos; por eso desde la Diputación vamos a colaborar durante los ejercicios de 2018 a 2021con una aportación anual de 175.400 euros, cantidad que constituye el 7,21% del gasto del servicio, para contribuir así a la reducción de costes y a la optimización de la gestión de residuos en ese territorio'.

Para el responsable de la Institución Provincial, 'el municipalismo trata de esto, de hacer políticas públicas centradas en las persona y para las personas; y desde la Diputación de Sevilla hacemos municipalismo, asistiendo y apoyando a los pueblos servillanos con menor capacidad económica y de gestión'.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Norte ha valorado la firma de este convenio como 'el cumplimiento de una demanda histórica de los alcaldes y alcaldesas de la zona, que están sometidos a un marco jurídico para espacios protegidos que limita muchas de las actuaciones que se han de desarrollar y que en muchos casos, como en el del tratamiento de los residuos los encarece'.

Sotero Martín ha explicado que 'estamos hablando de la comarca más extensa de la provincia, más dispersa y con menor densidad de población que no son los responsables del marco jurídico al que está sometido su territorio y que merecen los mismos parámetros de calidad que la ciudadanía del resto de la provincia'.