La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla ha celebrado esta mañana sesión extraordinaria en la que ha aprobado la concesión de subvenciones del Programa Extraordinario de Prevención de la Exclusión Social una vez que todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia se han adherido al mismo con la entidad supramunicipal.

Hay que recordar que la Diputación aprobó el pasado 14 de agosto tras la reunión de su Plenario, con la abstención de VOX, el Programa Extraordinario de Prevención de la Exclusión Social, que aporta 7 M€ más, destinados a reforzar las acciones que esta Institución está llevando a cabo para aminorar el impacto de la consecuencias del Covid-19 en el empleo en la provincia.

Un Programa que suma estos 7 M€ a los 5 M€ que ya puso la Diputación el pasado mes de abril, al aprobar la convocatoria ordinaria de dicho Programa. En definitiva, 12 M€ con los que la Diputación contribuye para la lucha contra el desempleo, complementados por los 1,6 M€ correspondientes a la cofinanciación de los ayuntamientos en ambas convocatorias de dicho Programa. Un total de 13,6 M€.

Además, se reduce en 5 puntos la cofinanciación mínima municipal en el Programa de Empleo extraordinario, con el fin de que las entidades locales no soporten un mayor gasto, y los ayuntamientos concurrentes han podido incrementar su dotación correspondiente, para aumentar el número de contrataciones. De esta manera, los ayuntamientos cuyos municipios tengan población inferior a 10.000 habitantes quedan exentos de cofinanciar.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos ha recordado que 'al agravarse la situación de crisis económica y social como consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19, la demanda de este programa por parte de los municipios aumentó y, como respuesta, la Diputación continúa con sus medidas de apoyo a las familias y colectivos vulnerables mediante esta convocatoria extraordinaria del Programa de Prevención de la Exclusión Social, para que los ayuntamientos puedan hacer frente a los nuevos perfiles de riesgo de exclusión post Covid-19'.

Los periodos para estos contratos de trabajo que podrán realizar los ayuntamientos con los destinatarios de este Programa cuentan con un periodo de contratación mínima de 15 días y hasta 4 meses, y están destinados a personas que, preferentemente, hayan sufrido una precarización en sus economías como consecuencia del Covid-19.

En esta edición extraordinaria del Programa se ha incrementado en 0,25 puntos los umbrales económicos referidos al indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, de la unidad familiar, al objeto de que pueda acceder al mismo un mayor porcentaje de población. Y, asimismo, solo se tienen en cuenta los ingresos correspondientes a los últimos seis meses previos a la aprobación de las Bases Reguladoras del Programa, ya que se considera que éste es el periodo en que se han agravado las actuales circunstancias económicas a consecuencia de la pandemia.