Tras el anuncio  del Ministerio de Hacienda por el que se autorizará en breve el uso de parte del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles -traducido en un nuevo RD-, Villalobos ha anunciado hoy que la Diputación de Sevilla 'ya trabaja en la puesta en marcha de una octava edición del Plan Supera, que estará dotada con 41,7 millones de euros procedentes del superávit provincial de 2019'.


Hasta ahora, las entidades locales habían podido utilizar, autorizadas por decretos del Gobierno, el 20% de ese superávit de 2019 para políticas sociales -11,4 millones en el caso de la corporación provincial sevillana-; y el 7% en la adquisición de vehículos eléctricos -casi 4 millones si se mira la casuística de la Diputación de Sevila-.


Ahora, tras el anuncio del Gobierno, el 73% restante de esos recursos del superávit de 2019 también podrá ser utilizado desde las corporaciones locales. Y es ahí donde la Diputación va a disponer de un total de  41,7 M€ para poner en marcha la octava edición del Plan Supera. 'Una vez más, y ahora de manera especial para amortiguar los efectos de la pandemia, volveremos a tener muy en cuenta a nuestros Ayuntamientos en el diseño y ejecución de esas inversiones financieramente sostenibles que planteemos desde ese Plan Supera 8', ha asegurado el presidente Villalobos.


Además de esos 41,7 M€ para la octava edición del citado plan, las medidas que apruebe el Gobierno para las entidades locales garantizan también que los 32 M€ actualmente en ejecución correspondientes al Plan Supera 7 podrán finiquitarse hasta finales de 2021, en lugar de tener como fecha tope el 31 de diciembre del año en curso. 'Esto representa una garantía total para poder acometer con solvencia las obras del Supera 7 que, por motivos de la pandemia, tuvimos que dejar paralizadas durante unos meses', ha señalado Villalobos.


A la espera de una solución para el uso de los remanentes


Junto a ese anuncio de las inversiones que sí podrá acometer la Diputación de Sevilla con el superávit de 2019, el presidente de la Diputación ha puesto el acento en 'la necesidad de que exista un verdadero espíritu de lealtad institucional y colaboración de los grupos políticos y ayuntamientos que se opusieron al Real Decreto Ley la pasada semana, al objeto de encontrar vías de uso a los remanentes'.


En opinión del máximo responsable provincial sevillano, 'las entidades locales en España no pueden permitirse el lujo de tener en los bancos 15.000 M€ sin ponerlos al servicio de sus vecinos y vecinas y, además, generando gastos a las arcas locales por tenerlos en depósitos. Hacen falta propuestas constructivas de aquellos que se opusieron a la oferta del Gobierno, que pretendía salvar la Ley de Estabilidad y usar esos fondos en favor de los ciudadanos'.


Acerca de cómo repercutiría en la Diputación de Sevilla la autorización del uso de remanentes por parte de las corporaciones locales, Villalobos ha recordado que, 'tomando como referencia el 35% de esos fondos que nos iba a dejar usar el Gobierno en su propuesta anterior, estaríamos hablando de que la corporación provincial sevillana dispondría de otros 90 M€ para volcarlos en inversiones para los municipios, relacionadas con la agenda urbana sostenible, la cultura y las políticas sociales'.


Más potencial inversor también desde los Ayuntamientos


En esa misma línea, el presidente de la Diputación ha desvelado igualmente que 'no solo sería la entidad provincial la que dispondría de remanentes para invertirlos en el territorio, sino que además muchos Consistorios también podrían disponer de cantidades importantes en ese mismo apartado'.


Ahí, el presidente ha detallado que, 'a 31 de julio de 2019, de 67 Ayuntamientos sevillanos de la provincia que habían facilitado sus datos al Ministerio de Hacienda, 52 registraban remanentes positivos de tesorería por un montante total de 191 M€. Eso supondría que, de poder utilizar el 35% de esos recursos tal y como estipulaba el acuerdo FEMP-Gobierno en este apartado, las localidades de esos Consistorios contarían con otros 67 M€ adicionales para invertirlos en servicios públicos que mejorasen la calidad de vida de sus vecinos y vecinas'.