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de la provincia de Sevilla

La Diputación evalúa en la Junta de Gobierno de hoy su colaboración con la Fundación Tutelar TAU

12 mil € aportados a un proyecto, que da respuesta a situaciones de desprotección detectadas en la discapacidad intelectual

 

 

 

 

 

02-110220 JUNTAGOB
Sesión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla, hoy

La Diputación de Sevilla ha celebrado hoy sesión de su Junta de Gobierno, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, en la que el principal asunto del orden del día estaba centrado en la dación de cuentas desde el Área de Cohesión Social de la colaboración financiera desarrollada con la Fundación Tutelar TAU, a lo largo de 2019.

 

12 mil euros son los que la Diputación ha aportado a un proyecto, que da respuestas a situaciones de desprotección detectadas en el ámbito de la discapacidad intelectual.

 

'La Fundación TAU tiene más de veinte años de experiencia en la Comunidad Autónoma en la atención de personas con discapacidad intelectual desde un enfoque innovador, que nos llamó la atención a la hora de plantearnos esta colaboración', explica Villalobos, 'ya que ofrece un servicio de apoyo tutelar para estas personas, cuya capacidad jurídica ha sido modificada o revisada y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, complementado con otras líneas de atención que son muy necesarias para incrementar su calidad de vida'.

 

La Fundación TAU a lo largo de este año ha estudiado los casos que le han sido remitidos desde los servicios sociales provinciales y municipales, sobre todo en localidades menores de 20 mil habitantes, previamente a su puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente para la adopción de medidas de protección jurídica, desarrollando dinámicas de trabajo conjuntas con los técnicos que inicialmente tuvieron conocimiento de los casos, para garantizar una cobertura completa.

 

Además, se han promovido expedientes judiciales sobre modificación de la capacidad jurídica de la persona, cuando se cumplían los requisitos; se ha asumido cargos tutelares de personas con discapacidad intelectual, cuando no había referentes idóneos para su nombramiento, y se ha incidido en una línea estratégica de orientación y asesorameinto, tanto a familiares y allegados designados por la autoridad competente tutores judiciales de estas personas, como a técnicos dependientes de los servicios sociales provinciales y municipales, en casos vinculados con la modificación de la capacidad jurídica y posterior asignación de cargo tutelar.