La Diputación de Sevilla ha celebrado una sesión de su Junta de Gobierno, con la vista puesta en las ayudas financieras del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social y el de Renta Mínima de Inserción Social a los municipios y entidades locales autónomas de la provincia y en el refuerzo de sus centros de servicios sociales de naturaleza residencial ante el Covid-19, tal como figura en su orden del día.

Además, hoy el Equipo de Gobierno provincial ha aprobado las acciones del Plan de Reactivación Económica y Social para la Provincia, una inyección de 211,2M€ para políticas de empleo e inversiones en todos los municipios de la provincia de Sevilla, posible con el uso de los remanentes de tesorería provinciales, autorizados por la supresión de las reglas fiscales.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, tiene previsto presentar mañana de manera oficial este Plan, a los portavoces de los grupos políticos con representación en la Corporación; a los agentes sociales co-firmantes del Acuerdo de Concertación Económico y Social, y a los medios de comunicación.

REFORZAR LAS ACCIONES CONTRA LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA

El Pleno de la Diputación aprobaba, en agosto pasado, las bases y la convocatoria del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social, con la intención de ofrecer a los municipios de la provincia apoyo económico en régimen de concurrencia no competitiva, para afrontar las consecuencias del Covid-19 en sus economías.

En palabras de Fernando Rodríguez Villalobos, se trataba de ‘aprobar las medidas que permitan a los alcaldes y alcaldesas reforzar la acción contra la incidencia del desempleo en la provincia, tras los efectos de la crisis sanitaria por el Covid-19’. Por eso, la Institución como medida de emergencia lo dotó y reforzó hasta llegar a los 10M€ y, en la actualidad, está en ejecución.

‘Las medidas que se han puesto en marcha para la contención de la crisis sanitaria han supuesto la paralización de algunos sectores económicos y la consiguiente incidencia en la renta de los hogares, las personas autónomas y las pequeñas empresas. Por eso, éste es un programa muy demandado por los alcaldes y alcaldesas, ya que les permite realizar una serie de contrataciones entre la ciudadanía que más necesita una ayuda por parte de la Administración para poder trabajar’, ha explicado Villalobos.

En esta misma línea, la Diputación distribuye un total 980.000 euros para que 48 municipios de la provincia contraten profesionales del Trabajo Social así como personal administrativo, para el desarrollo del Programa de Renta Mínima de Inserción Social, con una duración, según estimación de las propias entidades locales, hasta finales de junio del año que viene.

También la Institución Provincial aborda el refuerzo de sus propios Centros de Servicios Sociales de naturaleza residencial, así como de los Servicios Generales de Cohesión Social e Igualdad, ante el Covid-19, con más de 80 contrataciones hasta enero del 2021.

‘El objetivo es establecer medidas que garanticen la seguridad y la atención de los servicios esenciales y responde a la necesidad de dotarnos de un instrumento formal que permita cumplir de manera funcional y eficiente las directrices de prevención, contingencia y control que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social define para este tipo de centros’, añade Villalobos.