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La post crisis acentúa la precariedad y la desigualdad, en especial entre las mujeres







El Observatorio de Género sobre Economía Política  y Desarrollo (GEP&DO)  ha presentado un estudio con el título “El Impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis”. Gender, Economy, Politics & Development Observatory (GEP&DO) está coordinado por la catedrática de Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide Lina Gálvez, que junto con la también profesora de la UPO Paula Rodríguez ha dirigido este trabajo en el que también han participado Astrid Agenjo, Lucía del Moral y Margarita Vega.

En la presentación de este informe han intervenido Cristina García Carrera, secretaria general de la Asociación de Mujeres Periodistas de Sevilla; Lola Sanjuán Jurado, empresaria y líder cooperativista; Teresa García, representante sindical y activista feminista, y Lina Gálvez y Paula Rodríguez.

El actual contexto de “post-crisis” está confirmado por la mejora de algunos indicadores macroeconómicos pero, sin embargo, hay otras evidencias que muestran que aún no hay recuperación y que la post-crisis es un escenario de precariedad, desigualdad e individualización del riesgo. “Las medidas ‘austericidas’ no sólo no han combatido la crisis, sino que las han agravado y se han convertido en un excelente caldo de cultivo para nuevas crisis de dimensiones económicas, ecológicas y sociopolíticas”, se remarca.

En esta misma línea, el mayor impacto de género negativo no ha sido consecuencia directa de la crisis sino de las políticas de austeridad que han atacado principalmente el gasto público social. “Las mujeres como principales usuarias directas e indirectas de estos servicios, principales empleadores y sobre todo, como -sustitutas naturales- de los mismos, se han visto especialmente afectadas por estos recortes y reformas estructurales”, se expone.

El documento destaca que Andalucía ha sido la única Comunidad Autónoma de España que ha aumentado el presupuesto destinado a igualdad en el periodo 2009-2014, si bien esto no se traduce necesariamente en una situación mejor se recalca, ya que “son todas las políticas públicas y presupuestos los que tienen un impacto diferente entre hombres y mujeres y no sólo las políticas etiquetadas con políticas de igualdad”.

El informe revisa los planteamientos de la economía feminista, aborda las crisis diversas desde una perspectiva multidimensional (ecológica, de reproducción social y de cuidados, crisis de las estructuras políticas y de la democracia) y analiza datos en ocho ámbitos distintos para trabajar la hipótesis del empeoramiento de las condiciones de vida de las personas, y de la consecución del objetivo de igualdad de género. Algunos resultados destacados:

1. Demografía. Antes de la crisis el índice de fecundidad ha pasado de 1,50 en 2007 a 1,38 en 2014; en España, de 1,37 a 1,32. Mostrando la mayor dificultad de compatibilizar la maternidad con la carrera profesional.

2. Educación.  Las políticas de austeridad han tenido un alto coste. El gasto medio de los hogares en educación durante la crisis ha aumentado considerablemente; en Andalucia de 175,19€ a 223,6€ y más a nivel estatal, de 267,85€ a 360€. Este ‘copago-repago educativo’ perjudica a los hogares de rentas más bajas muchos capitaneados por mujeres.

La reducción de becas, personal y financiación de servicios auxiliares como aulas matinales se traduce en que las mujeres suplen, a modo de trabajo no pagado, los servicios que dejan de darse o subvencionarse desde las administraciones públicas”.

El impacto en el capítulo de personal es especialmente significativo, por cuanto se trata de trabajos muy feminizados. Frente a ello, se hace una apuesta por introducir cláusulas sociales, ya que ”la calidad de este empleo es fundamental para avanzar en las tasas de ocupación femenina y en la transformación de los roles de género. (..)  A peores condiciones laborales, peor es también la capacidad de negociación de los tiempos y trabajos de las mujeres en los hogares”, se incide.

3 y 4. Empleo y condiciones de trabajo. Se ha producido una reducción de algunas brechas pero la tendencia revierte en 2014 tanto por el empeoramiento de las condiciones de trabajo como el deterioro de servicios públicos –sanidad, dependencia- , que obligan a incrementar las necesidades de trabajo de cuidados sobre todo en las familias de menos ingresos y, dentro de éstas, a las mujeres.

Las diferencias en las tasas de paro masculinas y femeninas son mucho más evidentes en Andalucía que en la media nacional. Hombres de 9,56% a 29,08%. Mujeres de 17,41% a 34,49%; mientras que en España, del 23,55% en 2015.

La recuperación más rápida del empleo masculino que del femenino que se está produciendo en los últimos meses, está suponiendo un nuevo ensanche de la brecha de género. “Las oportunidades de empleo para las mujeres dependerán en gran medida de las posibilidades de la economía andaluza de diversificarse y crear empleos de calidad”, se recalca, al tiempo que se plantea la opción de favorecer mejores oportunidades para las mujeres jóvenes mejor formadas que sus compañeros varones.

Este capítulo finaliza destacando que el porcentaje de mujeres que trabajan en España a tiempo parcial queriendo trabajar una jornada completa duplica la media de la Unión Europea (26,9%). Este dato sirve para abrir la reflexión sobre la voluntariedad del empleo a tiempo parcial está mediatizada por la socialización y las oportunidades en razón del género, en esta caso femenino.

5. Salud y dependencia. Este capítulo es muy importante, en lo que se refiere al bienestar de la población y también por el carácter sustitutorio de las mujeres cuando se produce recortes. A mitad de la crisis, se produce un recorte del presupuesto para Dependencia. Desde el ámbito de los profesionales, el documento se censura la eliminación de la cotización a las cuidadoras no profesionales, “que supone un retroceso fundamental en la valoración del trabajo de cuidados y el reconocimiento del mismo que tienen importantes implicaciones en términos de género ya que las mujeres son las principales responsables de la realización de esta tareas”.

6. Pobreza y exclusión. Ha dejado de ser una condición fija o una característica personal o de un colectivo para convertirse en un riesgo asociado a determinadas etapas del ciclo de vida o la individualización del riesgo que las prácticas austericidas implican para las personas más vulnerables. En España, se ha incrementado la desigualdad, pasando de 24,7% en 2009 a 29,2% en 2014 (29,4% entre los hombres y 29,2% entre las mujeres). En Andalucía el aumento ha sido aún más marcado pasando de 33,3% a 42,3% en  2014 (INE 2015).

Los datos son aterradores puesto que tanto para hombres como para mujeres el riesgo es muy alto, por encima de un tercio de la población, si bien en 2013 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 36,8% de las mujeres y al 39,9 de los hombres. “En cuanto a los desahucios, es fundamental hacer una lectura de género de la realidad de los desahucios pues en la práctica son las mujeres las que, por la discriminación sufrida en los distintos ámbitos de la vida por el mero hecho de serlo, llegan a situaciones más dramáticas y las que suelen dar la cara”, apostilla el estudio.

7. Violencia machista. Es difícil establecer relación con la situación de crisis más allá de las diferencias presupuestarias, si bien se dispone de evidencias tales como la reducción de porcentajes de órdenes concedidas. Durante el transcurso de la crisis, en el caso andaluz en 2014 se concedieron un 60,16% frente a un 80,79% en 2008. O, el descenso del 21% de las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado entre 2011 a 2015.

8. Empoderamiento económico, social y político. En cuanto a la presencia política, tras las últimas elecciones de diciembre de 2015, el porcentaje de mujeres ha aumentado al 39,43% en la Cámara Baja, mientras que en el Parlamento autonómico andaluz, la evolución de la representación de mujeres cumple las pautas de paridad. De los 109 diputados tras las elecciones de 2015, 55 son hombres y 54 son mujeres.  El porcentaje de representación de partidos con listas cremallera es superior en el parlamento andaluz que en el nacional. La paridad no se alcanza, por el contrario, en ninguna esfera del Administración Local.

El documento analiza la representación en otros ámbitos y sobresale un dato como que en las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, en 2015 el porcentaje de mujeres ascendía al 4,76% o el de que las mujeres sólo acceden al 8% de los créditos en España.

La crisis ha cerrado algunas brechas como paro, pobreza o educación -esta última favorable a las mujeres-, pero salvo en esta última, ha sido por el empeoramiento relativo de los hombres y no por una mejora de las mujeres. Sin embargo, las políticas de austeridad al incidir en las privatizaciones y los recortes en el gasto público, dejan a las mujeres debido a su especialización en los trabajos de cuidados en una situación de mayor dificultad para afrontar situaciones de riesgo o simplemente poder realizar un diseño vital autónomo y que se corresponda con su formación.


El Observatorio de Género sobre Economía Política  y Desarrollo (GEP&DO) es un espacio independiente para la investigación, la reflexión crítica y el intercambio de conocimientos y saberes sobre igualdad de género, conformado por investigadoras y docentes con trayectorias profesionales diversas y complementarias y ubicado en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.