La Casa de la Provincia ha sido escenario del debate que sobre 'Financiación Autonómica y Local', se ha celebrado durante la jornada organizada por la Cátedra Rafael Escuredo de Estudios sobre Andalucía, de la Universidad de Almería.

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos; el titular del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, y Rafael Escuredo, presidente de la Cátedra antes citada, han inaugurado un debate con una conferencia principal titulada 'El marco general de la financiación autonómica', que ha defendido el economista José Carlos Díez.

Rodríguez Villalobos ha expresado que 'resulta reconfortante comprobar cómo el asunto de la financiación, tanto autonómica como local, está ya en la agenda política como uno de los prioritarios. Y lo celebro, porque como dice la presidenta de la Junta, Susana Díaz, nuestra Andalucía no puede permitirse otra prórroga anual del modelo actual. Y yo, añado, que los ayuntamientos y diputaciones tampoco', ha dicho el mandatario provincial.

Villalobos ha añadido que 'si el actual modelo autonómico para financiarnos tiene unos años y necesita de una revisión urgente, la financiación local lleva esperando desde el proceso constituyente del 78 para ser planteada de verdad y a fondo. Por tanto, 'como dije el martes en la sede parlamentaria, donde invitaron a la FAMP a exponer nuestro punto de vista sobre financiación, es necesario abordar las dos escalas: local y autonómica'.

El mandatario provincial considera que tras recabar el sentir de muchos alcaldes y alcaldesas 'la financiación local tiene entidad y calado suficiente como para ser abordada de manera individual' y ha añadido que 'si el tren del debate autonómico nos va a llevar a una buena estación, los ayuntamientos y diputaciones estamos dispuestos a coger ese trayecto de buen gusto'.

Desde el plano local 'nos parece un latrocinio el hecho de que Andalucía haya dejado de percibir 5.522 millones de euros entre 2009 y 2015 con el actual modelo. Y eso pasa porque el sistema es injusto y abunda en las desigualdades. Lo dice el dato de que la deferencia entre la Comunidad Autónoma que más percibe y la que menos, en el modelo actual de financiación, ha pasado de 489 a 818 euros y esto hace que para 2018 Andalucía cargue ya con un déficit de financiación de los servicios sociales de casi 2.200 millones de euros. No hablamos de más dinero para puentes o carreteras, que también. Estamos hablando de menos recursos para las personas que más lo necesitan. Y de esos recursos, que en muchos casos, terminamos prestando desde los ayuntamientos, desde la estrecha colaboración que mantenemos con la Junta', ha manifestado Villalobos.

El presidente de la Diputación ha querido dejar claro en este debate que 'ya que se está reivindicando una mayor asignación en cuantías para Andalucía, caso de conseguirse un nuevo modelo satisfactorio, deberían aumentarse los actuales 480 millones de la Patrica. Porque si el compromiso era llegar con la Patrica a 600 millones, esa debería ser la cantidad asignada, caso de alcanzar un acuerdo satisfactorio de financiación autonómica', ha concluido.

Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo, ha resaltado en su intervención que 'sin una financiación adecuada no hay competencias ejercitables, ni servicios públicos ni autogobierno posible'.

Por su parte, Rafael Escuredo ha expresado que se ha acordado iniciar un proceso que analice los posibles cambios de la actual Carta Magna, donde se examine y modifique la cuestión territorial y, por consiguiente, la financiación de las comunidades autónomas. 'Este será el gran reto. Por tanto, esperamos que cuando llegue ese día, Andalucía sepa estar a la altura del legado del 4 de diciembre y del 28 de febrero, que ni caduca ni prescribe', ha dicho.

En la primera intervención de la mesa redonda se ha expuesto el contenido del informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica. La ponencia ha corrido a cargo de Francisco Adame, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y miembro de dicha Comisión.

El informe constata que los recursos del sistema de financiación entre 2009 y 2016 no cubren el gasto efectivo en servicios públicos fundamentales de las comunidades autónomas ni el derivado del nivel de cobertura de las necesidades pactado en 2009. Durante la vigencia del actual modelo las comunidades autónomas han tenido que ajustar sus gastos con una intensidad superior a las administraciones centrales (Estado y Seguridad Social). Es necesario un acuerdo de Estado que fije qué recursos son suficientes.

Desde la perspectiva de la equidad las comunidades autónomas siguen muy alejadas de la igualdad de recursos por habitante ajustado. La decisión sobre el grado de nivelación de recursos es política pero el informe propone que, al menos, el futuro sistema ofrezca el mismo nivel de recursos para financiar los servicios públicos fundamentales. Otra idea que subraya el informe es la necesidad de que las comunidades forales aporten recursos para la nivelación.

En el ámbito de la autonomía tributaria se propone mantener la actual composición de la cesta de impuestos cedidos, pero revisando el reparto de competencias normativas entre administraciones públicas. Así, en la imposición patrimonial, en particular en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se propone la armonización de bases imponibles y liquidables para solventar los problemas generados por la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas.

La intervención de José Luis Martín Moreno, letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, se ha centrado en el análisis del sistema de financiación de las entidades locales, valorando la regulación actual y la evolución de dicho sistema desde su implantación, a la luz de la Carta Europea de Autonomía Local, así como las propuestas de la comisión de expertos nombrada por el Gobierno para la revisión del sistema de financiación local. En particular, se ha referido al alcance de la autonomía municipal en la configuración de algunas tributarias como el IBI, el IAE, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el llamado impuesto sobre plusvalía, tras la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre la materia.

La Jornada ha sido clausurada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.