La preocupación que para algunos alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla genera lo que entienden como un retroceso en la seguridad ciudadana de sus municipios, a partir de los recortes del Gobierno Central a los cuerpos de seguridad estatales, Guardia Civil y Polícía Nacional, se había puesto ya de manifiesto con la aprobación de una moción instando al Gobierno a que incremente recursos y refuerce efectivos, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada, el pasado 15 de febrero, moción que también había sido aprobada por el Plenario de la Diputación, el 23 del mismo mes.

Hoy ha sido el primer edil rinconero, Javier Fernández, quien ha visitado la Sede provincial y ha mantenido una reunión con su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, a quien le ha pedido su apoyo institucional, dado que se trata de una iniciativa que está teniendo refrendo plenario en otros municipios.

Durante su entrevista, Villalobos ha comunicado al alcalde su intención de trasladar esta iniciativa a los órganos de consulta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, y ha coincidido con Javier Fernández en que, mientras que los ayuntamientos están implicándose cada vez más en la seguridad ciudadana, aportando recursos para sus policías locales, el Gobierno Central ha ralentizado su compromiso en la garantía de seguridad de los pueblos con sus políticas de recortes.

'Esta garantía en nuestros pueblos depende de modo esencial de las decisiones del Gobierno de España, porque, sólo en nuestra provincia, la Guardia Civil, por ejemplo, es responsable de la seguridad ciudadana de 97 de los 105 municipios, lo que supone el 92% del territorio. Las entidades locales lo que estamos demandando es más apoyo estatal para que los efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil cuenten con más y mejores recursos para la realización de su labor y que se cubran las plazas vacantes existentes para el incremento de las plantillas de ambos Cuerpos', ha dicho Villalobos.

Según Villalobos, 'establecer una estrategia estatal que apueste por una seguridad pública de calidad, en complicidad con las entidades locales, incide directamente en la tranquilidad de la ciudadanía, abre un nicho para el empleo y, paralelamente, incide en la adecuación del sistema penitenciario a las políticas de reinserción'. Pero además, el presidente considera que 'tenemos que instar al Gobierno a revisar de manera más realista, en función de las nuevas amenazas que se perfilan en el panorama mundial, las valoraciones de riesgo y los protocolos, para, por ejemplo, proteger a las víctimas de violencia de género, con un apartado muy importante de formación de los efectivos, sobre todo en el ámbito rural'.