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La Diputación tiene preparado el plan de contingencia de sus centros residenciales, ante la eventual aparición de nuevos brotes de COVID-19

Además, aprobada modificación de Bases del Plan Supera VII para suplementar a los ayuntamientos el tiempo de ejecución material de las obras, afectadas por el confinamiento

Rodríguez Villalobos preside la Junta de Gobierno telemática, celebrada hoy en la Diputación

La Diputación de Sevilla tiene preparado el plan de contingencia de cada uno de sus centros residenciales para la prevención y respuesta ante la eventual aparición de nuevos brotes de COVID-19, en el que se recogen las medidas que se realizarán en los diferentes escenarios posibles, así como la determinación y activación de los espacios de aislamiento en cada uno de los centros para los residentes que pudieran resultar afectados por la enfermedad.

 

En este sentido se ha pronunciado hoy la Junta de Gobierno de la Institución Provincial, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, que ha aprobado dicho documento con los protocolos correspondientes para los centros residenciales que gestiona la Corporación: Residencia de Mayores de San Ramón, Residencia de Mayores de Marchena y Residencia de Persona Gravemente Afectadas por Discapacidad Intelectual.

 

Igualmente, el Equipo del Gobierno provincial ha aprobado también el traslado del plan de contigencia a la Dirección Provincial de Inspección de Servicios Sanitarios, para su inclusión en la ‘Estrategia de actuación en residencias de mayores y centros sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias’.

 

El objetivo principal de dicho plan consiste en el establecimiento de un procedimiento en cada centro residencial, que permita el desarrollo de prácticas preventivas por parte del personal y de los residentes y la monitorización, para que esta prevención se lleve a cabo de forma que evite o reduzca la posibilidad de aparición de brotes del coronavirus y, en su caso, dar una repuesta rápida y eficaz, que minimice su impacto.

 

El plan de contigencia para los centros residenciales de la Diputación se estructura en tres fases: una de prevención, con medidas de organización para el día a día de los residentes, los protocolos para sus visitantes y los procedimientos de limpieza e higienización de los espacios de las residencias; otra de detección y notificación de los posibles brotes de la enfermedad a los centros de atención primaria de referencia de cada una de ellas, para la coordinación de los procedimientos sanitarios.

 

La última, el plan de control, incluye inventario de medios materiales y humanos de que se dispone para el abordaje y respuesta ante la eventual aparición de un brote, las medidas dirigidas a la protección de la salud de los residentes y los trabajadores que prestan sus servicios en los centros residenciales.

 

‘La Diputación sí tiene capacidad de actuación en sus centros residenciales ante la posibilidad de un brote de COVID-19’, ha explicado el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, quien recalca que, ‘durante los días más duros de la pandemia, hemos acogido en nuestra Residencia de Mayores de Marchena a diez residentes procedentes de otros centros de la Comunidad, de los que aún permanecen siete ingresados’.

 

Villalobos pone también el acento en la formación de los profesionales, ‘que incide en todos los profesionales de nuestros centros y va dirigida a que cada uno de ellos pueda interiorizar las normas preventivas necesarias para minimizar las posibilidades de contagio y transmisión del coronavirus’.

 

PLAN SUPERA VII: MÁS TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

 

En su sesión de hoy la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado también la modificación de las Bases regulatorias del Plan Supera VII, a fin de poder aportar a los ayuntamientos algo más de tiempo de ejecución material para las obras, que se han visto afectadas por el periodo de confinamiento social y económico derivado del COVID-19.

 

‘Tras la suspensión de los plazos administrativos y las posibilidades de realización de contratación y ejecución de obras, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, está claro que los ayuntamientos receptores de actuaciones contempladas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenible en curso necesitaban más tiempo para la ejecución de sus obras’, explica Villalobos.

 

‘Por eso, el plazo máximo de ejecución finalizará el 31 de diciembre inclusive, con certificado final de obra cumplimentado a esta fecha, mientras que la justificación del cien por cien de la subvención librada será de 3 meses a partir del acta de recepción’, añade el presidente.