La Diputación de Sevilla se suma a la celebración hoy del Día Mundial del Síndrome de Asperger. Una fecha que sirve para dar visibilidad y altavoz a este colectivo en todas sus reivindicaciones, que coinciden en mejorar la calidad de vida de las personas que tienen este trastorno del desarrollo y que se enmara en el espectro autista (TEA). Esta tarde, a las 20'00 horas se iluminará la fachada de la sede provincial de color naranja, color con el que se identifica este colectivo.

El presidente de la Institución Provincial y la diputada de Cohesión Social e Igualdad, Rocío Sutil, han mantenido una entrevista telemática con el máximo responsable de la Asociación de Asperger en Sevilla, Rafael Jorreto, y Araceli Dorado, miembro de la entidad. El objetivo del encuentro ha sido mostrar el compromiso de la Diputación con las personas con Asperger de la provincia, conocer los proyectos de esta entidad y atender sus reivindicaciones.

Dentro de los apoyos que ha ofrecido la Diputación a esta entidad social, uno de ellos es la Declaración Institucional que, suscrita por todos los grupos políticos que conforman el Plenario provincial, será leída en la próxima sesión plenaria de final de este mes y en la que se expresa el reconocimiento y apoyo hacia las personas con síndrome de Asperger, así como el apoyo al reconocimiento a nivel estatal de la figura legal de la 'discapacidad social' que demandan las entidades que trabajan por las personas que tienen dicho síndrome.

En la Declaración se recoge la petición realizada por la Asociación Asperger TEA Sevilla a la Diputación en la que solicita el apoyo del Pleno de la Institución Provincial al reconocimiento de la 'discapacidad social' para las personas con síndrome de Asperger y los trastornos de espectro autista en general. En la exposición de motivos se expresa que a las personas Asperger se les reconoce una discapacidad psíquica superior al 33%, que supuestamente supone un factor de protección social. Sin embargo esta protección también es engañosa ya que hoy en día en el acceso al empleo público se reserva por ley un 10% de plazas para personas con discapacidad, de cuyo porcentaje, el 3% se destina a la discapacidad psíquica. De ese 3%, se reparte el 2% para discapacidad intelectual y el 1% para enfermedad mental.

Y continúa la exposición de motivos argumentando que las personas con síndrome de Asperger no tienen ni discapacidad intelectual ni enfermedad mental, por lo que solo pueden acceder al cupo de discapacidad general que no está adaptado a estilo cognitivo particular. Por ello, quedan de facto marginadas del acceso al empleo público dentro de su propio cupo de discapacidad psíquica. Un dato muy revelador de esta situación es que la tasa de desempleo entre personas con síndrome de Asperger es significativamente mayor que entre personas con discapacidad intelectual y se sitúa, según los últimos datos, en una estimación superior al 85%.

Por ello, se hace necesario el reconocimiento de la figura legal de la 'discapacidad social' para las personas con síndrome de Asperger, y los TEA en general, ya que las pruebas que miden la inteligencia lógica no tienen en cuenta las variables tanto de déficit de procesamiento social, que conlleva unos altos niveles de ansiedad en situaciones sociales, como de sobrecarga sensorial. Estas variables son las que realmente discapacitan a la persona a la hora de su integración social.

Estas personas que tienen un coeficiente intelectual normal pero presentan una significativa discapacidad social, están abocadas, en un gran porcentaje, a la exclusión social en el momento en que son adultas y no tienen padres o red social que los sustente. Son personas muy vulnerables pese a su coeficiente intelectual y presentan muy alto riesgo de marginación, pobreza, indigencia y exclusión social.

En base a todo ello, los grupos políticos que componen el plenario manifiestan su apoyo y reconocimiento hacia las personas con síndrome de Asperger, a sus familias y a las entidades que diariamente trabajan para avanzar y mejorar su calidad de vida. Asimismo, expresan su apoyo al reconocimiento a nivel estatal de la figura legal de la 'discapacidad social', de forma que repercuta no sólo en la posibilidad de acceso al empleo público, la promoción y la mejora de la calidad de vida del colectivo de personas con TEA y síndrome de Asperger, sino en el cumplimiento más real y efectivo del principio de inclusión social al que todas las administraciones están llamadas a cumplir.

Finalmente, el plenario solicitará al Gobierno de España que, en el marco de la legislación estatal, se contemple el reconocimiento de la 'discapacidad social' para las personas con síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista, de modo que las mismas puedan acceder a los derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, evitando su discriminación y favoreciendo su plena integración social.