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de la provincia de Sevilla

El Pleno de la Diputación aprueba el Plan de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023 que, con una financiación para el próximo año de casi 68 millones de euros, regirá las políticas sociales de la provincia

Rodríguez Villalobos: ‘seguimos dando pasos al frente para consolidar los servicios sociales en los municipios con un Plan eminentemente municipalista’

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El presidente de la Diputación durante la sesión plenaria de esta mañana

La Diputación de Sevilla, reunida en sesión plenaria, ha aprobado esta mañana el Plan de Cohesión Social e Igualdad, que regirá las políticas sociales de la provincia de Sevilla durante los próximos cuatro años (2020-2023) y es, principalmente, el instrumento para prestar la asistencia técnica y económica para el funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios. Además, es el instrumento que garantiza los principios de solidaridad, igualdad y equilibrio intermunicipal.

El Plan asegura la prestación integral y adecuada en el territorio del conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientadas a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, impulsa la transversalidad e integra la perspectiva de género mediante varias medidas: apostando por la inclusión socio-laboral de las personas vulnerables e implantando políticas sociales inclusivas, que reconocen la diversidad y la pluralidad como valor.

Tras la sesión plenaria, el presidente Villalobos ha expresado que con el Plan ‘seguimos dando pasos al frente para consolidar los servicios sociales en los municipios con un proyecto eminentemente municipalista. Porque son los municipios, sus Ayuntamientos, los verdaderos artífices del Plan, que vuelve a apostar por el bienestar y la cobertura social de las familias sevillanas que más lo necesitan’.

Financiación por administraciones

El Plan cuenta con una financiación para el año 2020 (se revisa siempre anualmente) de 67,9 millones de euros y se nutre de la siguiente manera: la Junta de Andalucía con 37,6 millones de euros (55,34%); los Ayuntamientos, con 6,1 millones de euros (9,12%); el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con 511.737 euros (0,75%), y la Diputación, que lo hace con 23,6 millones de euros (34,78%).

El incremento del Plan para esta anualidad ha supuesto un 3,4% con respecto a 2019, cuya cifra ha sido de 65,7 millones de euros frente a los 67,9 millones para 2020.

Cabe destacar que para el próximo año, la ayuda a domicilio, contemplada en la Ley de Dependencia que la Diputación realiza desde los Servicios Sociales en la provincia, estará dotada con 32 millones de euros. ‘Una cifra muy importante para estas políticas y quizá la más sensible de todas las que se llevan a cabo junto a los Ayuntamientos’, ha expresado Villalobos.

Financiación por programas

Por programas, los Servicios Sociales Comunitarios cuentan con 53,08 millones de euros (78,11%); los Servicios Sociales Especializados dispondrán de 5,3 millones de euros (7,91%); y la aportación estimada a programas de los Ayuntamientos será de 6,1 millones de euros (9,12%).

Estructura del Plan

El nuevo Plan para el periodo 2020-2023 se ha elaborado adaptando su contenido, tanto en lo que se refiere a la estructura territorial como al conjunto de actuaciones que desarrolla, al nuevo Mapa de Servicios Sociales de Andalucía. Un Mapa que fue aprobado el pasado 11 de abril y que introduce una nueva territorialización de los servicios sociales comunitarios y especializados en la provincia. En su catálogo de prestaciones y servicios constan: estructura de los Servicios Sociales Comunitarios, el acceso a los recursos sociales, integración social y convivencia normalizada; autonomía personal, protección e integridad personal, participación en la vida comunitaria, así como programas de igualdad y diversidad.

Se ha contemplado la configuración de cuatro Oficinas Territoriales de Bienestar Social, conformadas por varias Zonas Básicas de Servicios Sociales. Esto es así para hacer posible una mayor cercanía a las realidades y necesidades sociales de los Ayuntamientos, así como el desarrollo de las competencias de la Diputación en materia de servicios sociales, desde una perspectiva descentralizadora e integradora.

Tomando como base en nuevo Mapa, el Plan se adecua a 4 áreas con oficinas territoriales para atender a una población de casi 600.000 habitantes de 89 municipios sevillanos y una entidad local y sirve de instrumento para garantizar los principios de solidaridad, igualdad y equilibrio intermunicipal. Asimismo, asegura la prestación integral y adecuada en el territorio del conjunto de servicios, recursos y prestaciones que garantizan la protección social de todas las personas y que está coordinado a través de la colaboración de la Administración Local, la Comunidad Autónoma y el Estado.

Novedades del Plan

La Diputación, mediante esta herramienta del Plan, va a promover el envejecimiento activo incorporando estilos de vida saludable con iniciativas para fomentar el desarrollo en la provincia de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Para ello, el próximo mes de diciembre está prevista la celebración de una Jornada de Información y Experiencias y se incorporará al Plan conceptos como el de ‘Soledad No Deseada’.

Además, se está trabajando en un proyecto de formación en Servicio de Ayuda a Domicilio para que, al tiempo de formar para el empleo las mujeres puedan asentarse en su población, siendo una forma de paliar el despoblamiento. También, habrá otras líneas para el despoblamiento con actuaciones enfocadas a trabajar en la regeneración de barrios y zonas en riesgo de exclusión social, apoyando esa regeneración e integración social. Y se hará mediante la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado con financiación de fondos FEDER correspondientes a las Áreas Urbanas Funcionales de Bormujos, que aglutina a los municipios de Castilleja de la Cuesta, Espartinas y Gines. La de Camas, con los pueblos de Castilleja de Guzmán, Santiponce y Valencina. Y supone 10 y 5 millones de euros, respectivamente más la cofinanciación de 3,75 millones de euros de la Diputación.Son dos estrategias que ya fueron aprobadas para estos 8 municipios y que tendrán repercusión en barrios y zonas en riesgo de exclusión en dichos municipios.

En materia de desarrollo comunitario se ofrecerá a los municipios una nueva convocatoria que venga a cubrir necesidades específicas que puedan tener cada uno de ellos.

En relación a cooperación social, se pondrá en marcha iniciativas para fomentar el voluntariado de carácter social con iniciativas para fomentar el Voluntariado de carácter social. Es decir, voluntariado de prestación de servicios uniendo así términos y objetivos que vengan a satisfacer conceptos como el de Soledad No Deseada, ya que uno de los motivos de esta situación viene provocado por la jubilación. El objetivo es tener una red en la provincia de voluntariado social, que no debemos confundir con que vamos a sustituir profesionales por voluntarios. No se trata de eso. Se trata de que una persona sea voluntaria en un acto como el de leer un libro a una persona ciega, aportándoles, además, compañía. Con ello, se pretende sembrar el concepto de cooperación social en la provincia para desarrollar una red de compromiso social a través del voluntariado.

Empleo

Las políticas sociales de la Diputación, que se vienen practicando desde hace muchos años han repercutido en la generación de puestos de trabajo. Y en esa línea, la plantilla de los Servicios Sociales Municipales sigue mejorando en los 89 Ayuntamientos y una ELA, que son de competencia provincial.

El empleo que genera este Plan en esos Servicios Sociales Comunitarios es de 4.247 profesionales en municipios menores de 20 mil habitantes.

Se trata de 3.800 profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio y de 447 profesionales entre trabajadores sociales, psicólogos, educadores, administrativos y técnicos y asesores en Igualdad. Además, para el próximo año se ha incrementado en un 2,5% los módulos económicos para la cofinanciación de las plantillas básicas de estos profesionales.

Y a estos 4.247 contratos directos en clave social suma la cifra de las casi 4.000 contrataciones anuales que se realizan a través del Programa de Urgencia Municipal (PUM). En total, son 8.247 contratos de media anuales, generados por la aplicación de la política social en la provincia.

Beneficiarios del Plan

A continuación se ofrecen cifras de resultados finales correspondientes a 2018, ya que el 2019 está aún en ejecución y se dispondrán de los datos más adelante.

Este Plan llega a 162.447 vecinos y vecinas que son usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia.

8.284 personas fueron usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio con 2.648.659 horas de prestación.

En el apartado de Infancia y Familia, 273 Unidades Familiares fueron beneficiarias de Ayudas Económicas Familiares, repercutiendo en 652 menores.

Asimismo, se realizaron 104 ayudas de emergencia social para 261 personas beneficiarias.

En cuanto a Mediación Comunitaria, se realizaron 344 demandas de mediación con 818 personas afectadas. El 68,05% de los casos se cerraron con acuerdo.

En inclusión social hay que destacar lo siguiente:

346 beneficiarios con asesoramiento jurídico y social para inmigrantes

1.457 personas beneficiarias del Programa de Desarrollo Gitano.

89 personas con discapacidad intelectual fueron beneficiarias de prácticas becadas /77 en ayuntamientos y 12 en Diputación)

18 proyectos en el Programa Territorios con necesidades de inclusión sociales.

En el Programa de Urgencia Municipal (PUM):

3.973 contratos.

En Renta Mínima de Inserción:

4.493 procedimientos presentados en el Programa.

Drogodependencias y Adicciones:

4.454 inicios de tratamiento y readmisiones

13.236 personas que permanecen en tratamiento

81.596 actividades asistenciales realizadas. Atendidos por 51 profesionales en 27 Centros de Tratamiento

6.909 alumnos y 281 profesores participantes en proyectos de prevención.