Saltar navegación (alt + s)

Noticias

Villalobos valora la colaboración en la protección jurídica de las personas con discapacidad intelectual, 'que hacemos fomentando empleo'

El mandatario provincial ha suscrito hoy la renovación del convenio con la Fundación TAU

 

Villalobos saluda cariñosamente a Rafael Pozo, el presidente de TAU, durante el acto de la renovación de la colaboración entre ambas entidades

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y su homólogo de la Fundación Tutelar TAU, Rafael Pozo, han firmado hoy la renovación del convenio de colaboración por el que ambas entidades mantienen la coordinación y ayuda mutua en la atención y protección de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que no disponen de plenas facultades para regir su vida y administrar su patrimonio.

 

'Se trata de renovar el compromiso que mantiene esta Diputación con el segmento más sensible de nuestra sociedad, con los más frágiles, como es el caso de los sevillanos y sevillanas con los que trabaja TAU', ha dicho el mandatario provincial, quien ha explicado también que la labor que despliega la Fundación con discapacitados que son objeto de tutelaje judicial se desarrolla, gracias a este acuerdo, en todos los municipios menores de 20 mil habitantes, donde se les reclama.

 

'Valoro muy positivamente la colaboración que desarrollamos, prácticamente desde el nacimiento de TAU, hace más de dos décadas, en el asesoramiento e intervención especializada en la protección jurídica de las personas con discapacidad intelectual. Sobre todo porque la realizamos a través del fomento del empleo. En ello ponen a trabajar a dos personas, que tienen un coste laboral para el que, desde Diputación, aportamos anualmente 12 mil euros', ha explicado Villalobos. Según el presidente provincial, 'estos 12 mil euros, sumados al esfuerzo de la propia TAU, dan para mucho'.

 

Efectivamente, desde la Fundación se asesora a los técnicos provinciales y municipales en casos relacionados con la modificación de la capacidad jurídica y posterior asignación de cargo tutelar; se aceptan cargos tutelares de estas personas y se presta asesoramiento a sus familiares designados por la autoridad judicial; se invetigan y estudian uno a uno los casos que llegan y se elaboran propuestas de trabajo conjuntas, junto a los Servicios Sociales municipales, para la prestación del tutelaje, con especial incidencia en el tutelaje de menores.

 

'En definitiva, una labor en la que, como digo otras veces, la sociedad civil llega de manera inmediata.Por eso desde la administración, en este caso desde Diputación, apoyamos sin titubeos iniciativas como ésta', ha concluido Villalobos.