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de la provincia de Sevilla

Villalobos aboga por 'agilizar el procedimiento y por ajustar la regulación que lleve a un urbanismo al servicio de las personas'

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha abogado hoy por una regulación urbanística que 'agilice los procedimientos, llevándolos a los plazos más cortos posibles, y que esté muy ajustada, de forma que los municipalistas no tengamos que hilar tan fino en la gestión urbanística cotidiana de las entidades locales'.

    Villalobos ha inaugurado hoy, junto al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, la primera Jornada que la Junta de Andalucía organiza para abrir un proceso participativo con los distintos actores afectados por la actividad urbanística para la revisión conjunta de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA, bajo el lema 'Bases para un nuevo Urbanismo en Andalucía'.

    En este foro, Villalobos ha agradecido a la Junta 'que nos dé voz a los municipalistas para analizar los problemas que la norma actual nos plantea, porque hay que conjugar muchos parámetros ambientales, económicos, de garantías de recursos, etc, en cada licencia que se otorgue y en cada plan que se redacte, por lo que, en el caso de los pueblos pequeños, redactar y tramitar un PGOU sin la asistencia técnica y económica de las diputaciones es, hoy por hoy, totalmente imposible'.

    Una afirmación que Villalobos ha avalado con un ejemplo: en la provincia de Sevilla, la Diputación ha elaborado el 68% del planeamiento general para los municipios de menos de 10 mil habitantes. En esta línea, el presidente ha precisado que los municipalistas andaluces y los agentes implicados en la gestión del urbanismo 'estamos en un momento excelente para dar un salto de calidad en la LOUA: el que supone adaptar esa ley para un mejor servicio a las personas'.

    La jornada, que reúne a cerca de 200 gestores profesionales del urbanismo -entre responsables municipales; representantes de colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, geógrafos y ambientólogos; partidos políticos con representación parlamentaria; empresarios y sindicatos; ecologistas, vecinos y consumidores-, es la primera de un calendario que la Consejería tiene previsto desarrollar en las ocho provincias andaluzas, entre febrero y marzo, con el objetivo sumar la participación de los principales actores que influyen en esta actividad para que expongan las directrices que deben inspirar la nueva ley urbanística de Andalucía.

    El consejero, José Fiscal, ha destacado que son varios los motivos que impulsan la revisión de esta norma, que se configuró como el primer texto legislativo propio de la Comunidad autónoma en esta materia y que vino a dar respuesta al urbanismo de entonces. 'Entre otras causas, destacan la crisis económica actual, que en el caso de España ha estado vinculada a malas prácticas urbanísticas e inmobiliarias, la necesidad de agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos y de restarles complejidad a las numerosas reformas que ha sufrido el texto desde su entrada en vigor en 2002, ha dicho Fiscal.

    No en vano, la modificación de la LOUA aprobada por el Parlamento andaluz en julio de 2016, ya incluía dos disposiciones finales relativas a la simplificación y unificación de la normativa urbanística y a su desarrollo reglamentario. Entre las iniciativas puestas en marcha por la Junta para ello sobresale la firma del documento de compromiso con la reactivación económica y el crecimiento sostenible suscrito con los agentes sociales, colegios profesionales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y que contempla un decálogo de medidas para agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos.