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de la provincia de Sevilla

Las Diputaciones reclaman que se compense a los ayuntamientos 'por la justa devolución del impuesto de plusvalías a los vecinos y vecinas'

En el encuentro que han mantenido hoy en Punta Umbría con los presidentes de las diputaciones de Huelva, Cádiz,Córdoba, Jaén y Granada

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha acudido hoy a la localidad onubense de Punta Umbría, donde ha participado en un encuentro, el primero del 2018, con sus homólogos de las diputaciones andaluzas de Huelva, Ignacio Caraballo; Cádiz, Irene García Macías; Córdoba, Antonio Ruiz; Jaén, Francisco Reyes, y Granada, José Entrena, con los que ha debatido y pulsado los temas que protagonizan la agenda política municipalista de la Comunidad.

Por ejemplo, las pérdidas que están sufriendo las haciendas locales por la bajada de ingresos en la recaudación de las plusvalías, que los ayuntamientos están obligados a devolver por sentencia del Tribunal Constitucional. Una cuestión en la que los presidentes de diputaciones andaluzas hoy reunidos han acordado reivindicar al Gobierno Central una compensación.

'En Andalucía, las plusvalías aportaron un total de 267 millones de euros a las arcas locales, es decir, casi un 10% de la recaudación de los recursos tributarios propios de los ayuntamientos. La actual financiación local se nutre de tres fuentes prácticamente equilibradas: la participación en los tributos del Estado, la participación en los tributos de las comunidades autónomas y los recursos tributarios propios; así que anular las plusvalías significa detraer uno de cada diez euros de los que actualmente reciben los ayuntamientos para la prestación de los servicios públicos a sus ciudadanos', ha explicado Villalobos.

El presidente sevillano considera que las diputaciones andaluzas deben adherirse a la FEMP, 'que al mismo tiempo que reclama reformar la plusvalía, exige que el Ministerio compense a los ayuntamientos por las cantidades a devolver y pedirá que el Gobierno apoye un fondo de compensación, por la merma de la recaudación de este impuesto'. Asimismo y hasta que se publique la nueva normativa, el grupo de presidentes ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Función Pública que envíe una nota aclaratoria sobre el procedimiento de actuación que debe seguirse hasta la aprobación de la nueva ley.

También han acordado los titulares de estas seis diputaciones andaluzas seguir insistiendo en una estrategia común sobre la revisión del techo de gasto. 'Desde Madrid, ni nos dan avances ni hechos concretos', dice Villalobos. 'Desde 2013 registramos superávit. 7 mil millones en ámbito nacional el año pasado y, en Andalucía, va a volver a repetirse con la liquidación de 2017 lo que ya ocurrió en 2016, que de 707 ayuntamientos con liquidación presupuestaria hecha en noviembre, 680 tenían superávit por una cantidad total de 1.484,75 millones de euros'.

'Por lo tanto, no es de recibo que diputaciones y ayuntamientos españoles tuviéramos en 2011 la cantidad de 10.700 millones de euros en depósitos y ahora tengamos en depósitos y cuentas corrientes un total de 23.500 M€ y que se someta el uso de esas cantidades a una restricción sin justificación alguna, cuando somos las administraciones más cumplidoras y que, además, damos más servicios públicos directos a los vecinos y vecinas de toda España', ha continuado Villalobos.

En el encuentro, los presidentes de las Diputaciones también han abordado las nuevas ayudas de la Junta a la mejora de los caminos rurales de titularidad pública, destacado "el importante impulso del Gobierno andaluz y de las diputaciones provinciales a la cohesión territorial y agrícola a través de estas ayudas". Los beneficiarios de esta convocatoria son los propios ayuntamientos. Un 60 por ciento de la inversión de cada iniciativa será aportada por la Junta, cuyo montante global ascenderá a 64 M€, procedentes de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, mientras que el 40 por ciento restante se completará con fondos procedentes de las Diputaciones y de los propios ayuntamientos hasta alcanzar el cien por cien de los proyectos.

Por último, Fernando Rodríguez Villalobos y sus homólogos de otras provincias se han lamentado de que se mantenga la tendencia de las entidades financieras de abandonar pequeñas poblaciones del ámbito rural, de manera que la ciudadanía no puede recibir sus servicios sin recurrir a desplazamientos. 'Lo mismo ocurre con las gasolineras y con el servicio de Correos', apunta Villalobos, quien explica que 'desde la FEMP confirman que es un fenómeno que se da en otras partes del territorio nacional y, por lo tanto, habría que plantear una estrategia conjunta para los ayuntamientos de toda España, que pasa por sentarse con los responsables de estas entidades y dialogar sobre el asunto'.

En relación con la fuga de entidades financieras de las zona rurales, es destacable que en los últimos años se ha reducido más de un 30 por ciento el número de oficinas, lo que provoca una exclusión financiera ante la que el gobierno de España 'debería legislar, garantizando la bancarización de los entornos rurales y contribuyendo así a la cohesión social y territorial de las provincias y a la defensa del mundo rural'.