46 mil familias sevillanas en riesgo social han sostenido sus rentas desde 2009, gracias al Plan de Urgencia Municipal, PUM, que pone en carga la Diputación de Sevilla, con el objetivo de que sean los propios ayuntamientos los que proporcionen empleo no estable a estos colectivos, reforzando así las políticas sociales para evitar la exclusión social y laboral.

'Se trata de paliar la situación de familias demandantes de necesidades básicas, ayudando a que estos hombres y mujeres estén en activo laboralmente y contribuyendo al bien social de su comunidad y que reciban por ello una contraprestación económica, que permita, como digo, paliar estas situaciones familiares complicadas, como consecuencia de la crisis', ha dicho el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.

El dato lo ofrecía el presidente quien, acompañado por la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, Lidia Ferrera, ha mantenido un encuentro con periodistas en el que ha analizado la incidencia del Plan de Urgencia Municipal desde su implantación en la provincia.

'Desde su puesta en marcha en 2009 y hasta la fecha, la Diputación y los ayuntamientos hemos destinado 68 millones de euros a este fin. Así, la Diputación ha ido aportando la cantidad de 5 millones anualmente y los ayuntamientos aportaciones totales de algo más de 800 mil euros, con la firme decisión de generar empleo no estable para mantener las rentas más vulnerables de nuestros pueblos', ha explicado Villalobos.

El presidente añade que, 'desde su arranque, el PUM ha beneficiado hasta el año 2016 a en torno a 41.000 familias. La nueva edición de 2017, que en estos momentos se está ejecutando,nos hace pensar que otras 5.000 familias se beneficiarán de este Plan. En definitiva, con una dotación anual de 5 millones y una cofinanciación de algo más de 800.000 euros, se han podido realizar entre 4.500 y 5.000 contrataciones anuales, de las que el 55% de media han sido contrataciones de mujeres'.

PUM 2017 Y CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 2018

Actualmente, según ha explicado Villalobos, la Diputación tiene en curso la ejecución del PUM 2017, que tiene como beneficiarios a la práctica totalidad de los ayuntamientos de la provincia. Una nueva edición cuya convocatoria se ha abierto en marzo pasado y que finalizará a finales del mes de diciembre.

'Es decir', indica Villalobos, 'que hasta esta fecha los ayuntamientos van a poder hacer sus contrataciones a los desempleados de sus municipios, con una tipología de contratos cuya duración va desde los 15 días a los 3 meses, en función de las necesidades de las familias demandantes. Y nuestro propósito es llevar a cabo otra edición en 2018, puesto que así nos lo solicitan alcaldes y alcaldesas, y así está consignado en el borrador de los Prespuestos para 2018'.

RIGUROSIDAD EN LA SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

El presidente de la Diputación ha insistido en que la selección de las personas beneficiarias del PUM corresponde a los ayuntamientos que se adhieren al programa, a raíz de los criterios aportados por los trabajadores sociales de cada municipio, y que también forman parte de la autonomía municipal las fechas en las que se realizan las contrataciones, en función de las necesidades que se diagnostican por parte de dichos trabajadores sociales.

'Para que os fijéis hasta qué punto es importante la colaboración entre Diputación y ayuntamientos en el Plan, estipulamos que la cofinanciación la hagamos de tal manera que corresponda con el número de habitantes en los municipios. Con esto, las 45 localidades menores de 5.000 habitantes pasan a tener aportación del 0%', afirma Villalobos.

Según los baremos, en poblaciónes de hasta 5 mil habitantes la aportación del ayuntamiento es 0%. Los municipios comprendidos entre 5 y 10 mil habitantes, aportan en total el 5%. Los que tienen entre 10 y 20 mil habitantes, aportan el 10%. El 23% es lo que tienen que aportar los ayuntamientos si la población está comprendida entre 20 y 50 mil vecinos y el 28% para aquellas poblaciones con más de 50 mil habitantes.

'Además, hemos mejorado en esta edición el procedimiento de tramitación, con objeto de agilizar la concesión de las ayudas y para que los ayuntamientos tengan más flexibilización en el tiempo para la ejecución de las contrataciones, realizando una concesión directa mediante una Resolución de la Presidencia, consensuado dicho extremo previamente con la Secretaria General y la Intervención de Fondos. De esta forma, los ayuntamientos y entidades locales autónomas solo deberán presentar su compromiso de ejecución del Programa y el de la cofinanciación, caso que cofinancien, una vez les sea notificada la Resolución. Así garantizamos que ninguna entidad local quede fuera', dice Villalobos.

INCORPORACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN

Durante su encuentro con los medios, Villalobos ha anunciado también la intención de la Diputación de adaptarse a los requisitos de la nueva Ley de Contratos que el Gobierno tiene previsto promulgar en el último trimestre del año, 'haciendo que nuestra contratación pública sea una herramienta que permita atender una especial sensibilidad social y medio ambiental'.

'En la Diputación nos adaptaremos a la legalidad, por supuesto. Pero nuestro deseo es incorporar cláusulas sociales en los contratos celebrados por la Institución, en función de lo que esa Ley nos permita. Nuestro deseo con esta iniciativa es dar un paso más en nuestras políticas activas de empleo y en el objetivo de lograr una mayor cohesión social en la provincia', ha concluido el presidente.